Después del sismo, las cuotas siguen: qué hacer con las deudas tras una emergencia

En Perú, después de un sismo fuerte o de un huaico, las primeras horas son para la gente: contar a los de casa, atender a los heridos, encontrar dónde dormir. Pasados unos días aparece una segunda emergencia, más lenta y más silenciosa. La casa puede estar dañada y el trabajo parado, pero la cuota del banco, la del celular y la de la tienda de electrodomésticos siguen venciendo en sus fechas.

Esa segunda parte también se prepara. Casi todo lo que puede hacer una familia con sus deudas depende de dos cosas: tener los papeles a mano y avisar a tiempo.

Los papeles, antes que nada

Defensa Civil ya pide guardar en la mochila de emergencia fotocopias del DNI y de los seguros. Para lo que viene después hace falta algo más:

• El DNI de cada adulto, o al menos una foto clara de las dos caras.
• Los contratos y cronogramas de pago de cada crédito, con el nombre de la entidad y su teléfono.
• Las pólizas de seguro de la casa, del carro o de vida, con el número de póliza.
• Los recibos que prueban lo que había en casa: facturas de electrodomésticos, del techo nuevo, de la mercadería de un negocio.

Una foto de cada documento guardada en el celular y en una cuenta de correo sirve cuando el papel se ha mojado o se ha quedado bajo los escombros. Con esa lista se pueden hacer en una tarde las llamadas que importan.

Lo que pueden hacer los bancos y las cajas

Cuando el Estado declara una zona en emergencia, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP tiene previsto un margen para los deudores afectados. Un oficio múltiple de la SBS de marzo de 2023 permite a bancos, financieras y cajas cambiar las condiciones de los créditos de consumo, hipotecarios y de micro y pequeña empresa, alargando el plazo total hasta seis meses, sin que el cambio cuente como refinanciación. Para entrar, el deudor no puede llevar más de 30 días de atraso.

La letra pequeña importa. La medida es una facultad, no una obligación: cada entidad decide, tras estudiar su cartera, a qué zonas y a qué clientes la aplica. El cambio puede llegar sin haberlo pedido, y la entidad tiene hasta 30 días para comunicarlo, así que conviene revisar el cronograma aunque nadie haya llamado. Los intereses de esos meses pueden sumarse a la deuda, y si el deudor vuelve a atrasarse después, cualquier cambio posterior ya cuenta como refinanciación. Da tiempo, y ese tiempo también se paga.

Lo práctico es llamar a cada banco o caja, decir que se vive en la zona declarada en emergencia y preguntar si aplica la medida y cómo quedará el nuevo cronograma.

Cuando el prestamista no es un banco

Con los prestamistas, la regla es llamar antes del vencimiento y no después. Una empresa de préstamos online registrada ante la SBS, por ejemplo, pide que se la llame antes de la fecha de pago y ofrece congelar la deuda por un costo adicional. Congelar no es gratis: es comprar tiempo, y conviene saber cuánto cuesta antes de aceptar. Lo que no conviene es dejar pasar la fecha en silencio, porque en ese mismo prestamista el retraso genera penalidades y puede reflejarse en el historial de las centrales de riesgo.

Un historial manchado dura más que la emergencia. Es lo que verá el próximo banco cuando la familia pida un crédito para reconstruir el techo o reabrir el negocio, y es justo en ese momento cuando más se necesita limpio.

Los seguros

Si la casa o el negocio tenían seguro, el aviso a la aseguradora va el primer día que se pueda, con fotos de los daños tomadas antes de limpiar o de tirar nada. Las facturas de la lista anterior son la prueba de lo que se perdió. Si la compañía rechaza el siniestro o paga menos de lo que se considera justo, la Defensoría del Asegurado atiende el reclamo gratis hasta 50 000 dólares, siempre que se presente la carta de rechazo de la aseguradora.

El orden de las llamadas

Con los cronogramas sobre la mesa, el orden sale solo. Primero, lo que vence antes. Después, las deudas que cobran penalidad desde el primer día de atraso. Al final, las que permiten pagar algo más tarde sin cargo. De cada llamada se apunta la fecha, el nombre de quien atendió y lo acordado, y se pide por escrito cualquier cambio de fecha o de monto. Un acuerdo que solo existe en una conversación telefónica no protege a nadie cuando llega el siguiente vencimiento.